Presupuesto, salarios y marchas: lo que tenés que saber sobre el actual conflicto universitario

Este martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y algunos sectores políticos de la oposición, convocaron a una marcha nacional para "defender" la educación y el sistema universitario público argentino. En la jornada, las organizaciones reclamaron por la actualización del presupuesto universitario, los sueldos de todo el personal del sector, la suspensión de obras de infraestructura científica y más.

El principal eje del conflicto fue el "bajo" presupuesto destinado al correcto funcionamiento de las universidades públicas del país, ya que el Gobierno actual prorrogó el presupuesto de 2023 por la falta de aprobación del presupuesto para 2024 en el Congreso. Esto significa que las universidades y otras áreas del Estado comenzaron el ciclo con el mismo presupuesto nominal que en 2023, de casi $1,4 billones, a pesar de la inflación interanual del 276%.

Antes del primer paro universitario llevado a cabo el pasado 14 de marzo, el Gobierno anunció un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento, lo que solo significó un incremento del 2% en el gasto total vigente en comparación con el presupuesto inicial. Tras la presión de la comunidad universitaria, se propuso otra suba del 70% en los gastos de funcionamiento a partir de mayo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para hospitales universitarios.

No obstante, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), incluso con los dos últimos aumentos del Gobierno, el presupuesto total para las universidades solo subiría un 4,1%, un 71% menos en términos reales que en 2023. De esta manera, sería el presupuesto universitario más bajo desde que se implementó la Ley de Educación Superior en 1996.

Puntualmente, hasta marzo 2024, las universidades recibieron $497.636 millones, con un crecimiento nominal del 144,4% frente a 2023, que implica una caída real del 34,2%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Si bien la cifra varía de acuerdo a la universidad, en el caso de la UBA, por ejemplo, las transferencias en los primeros tres meses retrocedieron un 36,3% interanual en términos reales.

Uno de los principales problemas de que el presupuesto universitario no se haya actualizado al ritmo de la inflación es que la mayor parte se destina al pago de salarios, con un 52,2% para docentes y un 30,5% para personal no docente. Hasta el 2 de abril, se había ejecutado cerca del 40% del crédito anual disponible, con $299.696 millones destinados a salarios docentes y $174.442 millones a salarios no docentes, de acuerdo a un análisis realizado con datos de la Secretaría de Hacienda.

En este contexto, muchas universidades públicas implementaron diversas medidas como realizar recortes en servicios como limpieza y seguridad, reducir el máximo de materias inscribibles y suspender becas. Además, contemplando también el incremento de precio de las tarifas de servicios públicos, ciertas instituciones incluso rebajaron el uso de aire acondicionado, calderas, iluminación y ascensores.

Ante la situación, el Gobierno detalló que parte de la marcha tiene fines políticos y anunció que se avanzará con auditorías para determinar qué se hace exactamente con el dinero que reciben las universidades.

"Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.